Las residencias para personas mayores son un lugar en el cual personas de edad avanzada que ya no pueden valerse por sí mismas, que están enfermas o solas, eligen como vivienda para poder recibir la atención y los cuidados que de otra forma sería complicado que pudiesen recibir. Sirven también de soporte social, ya que conviven con otras personas con edad y condiciones similares a las suyas.

Hasta aquí todo bien. En teoría, son lugares de cuidado, seguridad y bienestar en el que poder estar tranquil@, activ@ y en las mejores condiciones posibles durante la última etapa de la vida.

¿De verdad es este el modelo residencial imperante?

Un empresario o empresaria, obviamente, tiene un negocio para poder lucrarse y obtener beneficio. No es esto discutible. Pero, ¿hasta dónde llega el límite de la ética y del porcentaje de beneficio que podamos considerar “apropiado” en este tipo de negocios, sin menoscabo de la atención recibida por sus usuari@s?

Existen grupos residenciales que están más interesados en poder adquirir cuantas más residencias, mejor, para así poder obtener más beneficios, importando poco el tipo de calidad asistencial que brindan a sus usuari@s. Hay ocasiones (muchas más de las que pensamos) en que se recorta en material básico e imprescindible, en personal o en alimentación con el objetivo de maximizar beneficios. Beneficios que irán a parar a la dirección, grupo empresarial o patronato que gestione el lugar.

Por ejemplo: si recorto en la compra de pañales higiénicos, material médico, ropa de cama y aseo, recorto en auxiliares de enfermería y personal de limpieza, material terapéutico y calidad y variedad de comidas… se produce el milagro económico a final de mes. Una cuenta bancaria visiblemente incrementada, o quizá otra residencia donde volver a replicar este modelo de negocio y seguir "inflando la rueda". 

Podríamos pensar que esto solo sucede en residencias de ámbito exclusivamente privado, y nada más lejos de la realidad. En la gran mayoría las residencias se cuenta con conciertos y convenios con administraciones públicas que sufragan los costes de manera parcial, estando obligadas de esta forma (más si cabe) a tener determinados criterios de calidad, trabajo y prestación de servicios, que en muchas ocasiones no se cumplen.

Sin embargo, como suele pasar, no siempre es así. En muchas ocasiones encontramos asociaciones, empresari@s o fundaciones que verdaderamente reinvierten los beneficios en mejorar la atención y mantener unos estándares apropiados de ratio de trabajadores, calidad asistencial y de material y, en definitiva, mejoras en el servicio que le dan a l@s usuari@s. Este tipo de gestión deberían ser la norma general, y no, por desgracia, la excepción.

No podemos, ni debemos permitir, que las personas mayores, a quien mejor deberíamos tratar por su estado, sus años pasados, su experiencia y su valía personal, vivan sus últimos momentos de esta forma. Esto es algo que involucra a toda la sociedad, sea del color que sea y piense de la forma que piense. Y a día de hoy el problema, por desgracia, a no ser que de verdad se regule y se pongan medios por parte de las personas, entidades y organismos responsables, no parece que vaya a paliarse.